El lavado de activos es el proceso de convertir ganancias ilícitas provenientes de actividades criminales en fondos legítimos, ocultando su origen ilegal para integrarlos en la economía formal.
El financiamiento del terrorismo consiste en proporcionar fondos o recursos económicos, lícitos o ilícitos, para apoyar actividades terroristas o a individuos y grupos involucrados en terrorismo. A diferencia del lavado de activos, el origen del dinero puede ser legal, pero su destino es ilícito, representando un alto riesgo para la seguridad global.
No, aunque están relacionados, son diferentes. El lavado de activos busca ocultar el origen ilícito de fondos provenientes de actividades criminales, mientras que el financiamiento del terrorismo implica proporcionar recursos, lícitos o ilícitos, para apoyar actividades terroristas. Ambos representan riesgos críticos que deben gestionarse con enfoques específicos.
Las principales normativas internacionales son las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las resoluciones de la ONU y regulaciones nacionales. Estas establecen guías y exigencias para detectar, prevenir y mitigar riesgos relacionados con estos delitos.
Es crucial monitorear transacciones inusuales, como movimientos sin justificación económica aparente, montos fragmentados para evitar reportes, o actividades comerciales con países de alto riesgo. Contar con tecnología que detecte patrones sospechosos es esencial para prevenir el lavado de activos.
Un programa efectivo requiere una evaluación de riesgos inicial, políticas claras, capacitación continua y la integración de herramientas tecnológicas para monitoreo y debida diligencia. Estas medidas no solo garantizan cumplimiento normativo, sino que fortalecen la reputación de la organización.
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